Novedades a tener en cuenta en la campaña de IRPF – IP de 2018

El pasado 4 de abril comenzó en Navarra la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) y del Impuesto sobre el Patrimonio ( “IP”) del ejercicio 2018, campaña que finalizará el próximo día 24 de junio.

Teniendo en cuenta las distintas normas aprobadas durante el último año, destacamos a continuación cuáles son las novedades más relevantes que debemos tener presentes en el momento de realizar las declaraciones del IRPF e IP de este ejercicio 2018.

Novedades en el IRPF

1. Planes de pensiones

Una de las novedades destacables a tener en consideración en esta declaración del IRPF se encuentra vinculada con la modificación que ha sufrido la tributación de los planes de pensiones.

Hasta la declaración del IRPF del 2017, las prestaciones de planes de pensiones percibidas en forma de capital gozaban, con carácter general, de una reducción del 40%.

Sin embargo, a partir de 2018 se elimina la posibilidad de aplicar la referida reducción del 40% y, en consecuencia, las prestaciones de planes de pensiones percibidas en forma de capital pasan a tributar íntegramente.

No obstante anterior, se permite aplicar la reducción en dos supuestos concretos en función de cuándo se produzcan las contingencias:

  1. Para contingencias producidas antes del 1 de enero de 2018 por las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017 siempre que las prestaciones se perciban hasta el 31 de diciembre de 2020.
  2. Para contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2018 por las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017 siempre que la prestación se perciba en el ejercicio en que se produzca la contingencia o en los dos siguientes.

Nuevo proyecto de Ley Foral de Medidas Tributarias

Una vez superadas las campañas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, volvemos a la carga con nuevas medidas tributarias desarrolladas en un Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos, del mes de junio, que en las próximas fechas iniciará su tramitación parlamentaria. El objetivo principal es solventar una serie de cuestiones surgidas a raíz de Ley Foral 16/2017, la ley de medidas tributarias que se publicó a finales de 2017.

Impuesto sobre Sociedades (IS)

En el IS se modifica el ámbito de aplicación de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, conocido como “patent box”, con el fin de adecuar la normativa navarra a las directrices marcadas por la OCDE en la Acción 5 del plan BEPS.

Los cambios propuestos se concretan en:

Excluir la posibilidad de aplicar este beneficio fiscal para los diseños industriales y el “know-how” (información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas) derivado de proyectos de investigación, desarrollo o innovación, e

Incluir expresamente como activos intangibles válidos para la aplicación de este beneficio fiscal: (i) los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios, y (ii) los dibujos y modelos protegidos legalmente que sean resultado de actividades de investigación, desarrollo o innovación.

Por tanto, de ser aprobada esta medida, en principio con efectos para el periodo impositivo actualmente en curso, este beneficio fiscal sólo puede aplicarse, en líneas generales, para activos protegidos por una normativa nacional y/o europea en materia de propiedad industrial e intelectual.

IRPF

En este impuesto se proponen cuatro nuevas medidas:

Se propone la introducción, con efectos a partir del año 2019, de una deducción por la obtención de prestaciones públicas por maternidad o paternidad.
Esta medida, que por el momento no se encuentra regulada en Territorio Común, consiste en deducir de la cuota un porcentaje del importe de la prestación pública percibida.
El porcentaje de deducción se determina en función del total de rentas percibidas por el contribuyente, teniendo en cuenta las rentas exentas. De esta forma se establece un tipo del 25% de la prestación percibida para contribuyentes con rentas de hasta 30.000 euros, reduciéndose progresivamente el porcentaje de deducción a partir de dicho volumen de rentas en función de la proporción que represente el exceso de rentas percibidas sobre 30.000 euros. Lo anterior lleva a que, a partir de un volumen de rentas de 105.000 euros, el porcentaje de deducción es cero.
La aplicación de esta deducción es por contribuyente y no por unidad familiar, de tal manera que pueden aplicar la deducción ambos progenitores siempre que resulten beneficiarios de una prestación pública por maternidad o paternidad.
Adicionalmente, debe señalarse que esta deducción se ha configurado como un pago a cuenta del impuesto (al igual que, por ejemplo, las retenciones soportadas), por lo que el importe de la misma será percibido aunque el contribuyente no tenga cuota diferencial.

Accede al artículo completo de Iker Moriana de BSK Legal & Fiscal en la revista Negocios en Navarra nº 304 o a través de la suscripción a la revista Negocios en Navarra.

La empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio

Históricamente la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio, con el ánimo de impulsar la inversión empresarial y excluir del Impuesto a los bienes que contribuyen al desarrollo de la actividad económica, otorga un tratamiento especial a las participaciones en el capital de entidades que realicen de manera efectiva una actividad empresarial o profesional, siempre que se cumplan una serie de requisitos, tanto en sede de la propia entidad, como en sede de las personas físicas titulares de dichas participaciones.

Para el ejercicio 2016, el legislador navarro ha optado por abandonar el sistema de exención que estuvo vigente en 2015, para volver a aplicar el mecanismo de deducción en cuota, convirtiéndose Navarra en el único territorio que ha optado por este mecanismo.
A continuación, daremos unas pinceladas acerca de algunas cuestiones de interés en esta materia.

Límite porcentual en la aplicación de la deducción

Para el ejercicio 2016, el valor de las participaciones pasa a formar parte de la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio, deduciéndose de la cuota del Impuesto el 100% de la parte proporcional de la misma que se corresponda con el valor de las participaciones que dan derecho a la deducción fiscal, siempre que el valor de las mismas no exceda de 1 millón de euros. El exceso sobre dicho valor sólo tendrá derecho al 80% de deducción, por lo que finalmente tributará el 20% de dicho exceso.

Veámoslo con un ejemplo sencillo:
Supongamos que una persona física únicamente posee una participación del 100% de una entidad con un valor de 2.450.000 euros. El mínimo exento aplicable en 2016 es de 550.000 euros. De este modo, la base liquidable asciende a 1.900.000 euros y la cuota correspondiente, a 13.166,28 euros.
El importe de la deducción sería de 11.607,82 euros, correspondiendo el cálculo de la misma al siguiente detalle:
((1.000.000/2.450.000)*13.166,28) + ((2.450.000-1.000.000)/2.450.000)*80%*13.166,28).
Finalmente, la cuota a ingresar ascendería a 1.558,46 euros.
La deducción no alcanza a los elementos no afectos a la actividad empresarial o profesional.

En todo caso, para determinar la cuantía de la deducción, hay que tener en cuenta que, en el caso de que la entidad participada sea titular de elementos no afectos a una actividad empresarial o profesional, la deducción sólo alcanza al valor de las participaciones que proporcionalmente se corresponda con los elementos afectos a una actividad empresarial o profesional.
Es decir, la parte del valor de las participaciones que guarde relación con los elementos no afectos va a tributar íntegramente en el Impuesto sobre el Patrimonio.

La participación en la entidad y el ejercicio de funciones de dirección

En primer lugar, el socio debe poseer, de forma individual, al menos, el 5% del capital de la entidad. De no cumplirse este requisito, cabe la posibilidad de computar la participación a nivel de “grupo familiar” (cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, tanto por consanguinidad, afinidad o adopción), en cuyo caso el porcentaje mínimo se incrementa al 20%.

En segundo lugar, el socio debe ejercer, de manera efectiva y real, funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ellas una remuneración que supere el 50% de la totalidad de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

En los casos de participación conjunta, es suficiente con que las funciones de dirección se ejerzan por uno de los miembros del grupo familiar.
En la aplicación de estos requisitos, queremos llamar la atención sobre dos aspectos que han sido abordados por la jurisprudencia y por la doctrina:
Por un lado, recientemente el Tribunal Supremo ha manifestado, en distintas sentencias de fechas 14 de abril y 15 y 26 de mayo de 2016, que para gozar de la bonificación fiscal no es necesario que la persona que forma parte del grupo familiar y que cumple el requisito de ejercer funciones efectivas de dirección de la empresa familiar, percibiendo por ello la mayoría de sus rendimientos, sea titular de alguna participación en el capital de dicha empresa.

Por otro lado, la Dirección General de Tributos ha manifestado en diversas consultas que la remuneración por funciones de dirección no tiene necesariamente que ser satisfecha por la entidad directamente participada, pudiendo ser satisfecha por una entidad indirectamente participada siempre que así esté previsto de forma expresa en la escritura de constitución o en los estatutos sociales. Este supuesto es muy común, por ejemplo en el caso de socios personas físicas de una sociedad holding que ostenta participaciones en otras entidades operativas.

La valoración de la participación

Si nos centramos en la valoración de participaciones de entidades no cotizadas, éstas deben valorarse por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a una auditoría y el informe correspondiente resultara favorable. En ausencia de balance auditado o informe no favorable, la valoración de la entidad se realiza por el mayor valor entre (i) el valor nominal del capital, (ii) el valor teórico resultante del último balance aprobado, o (iii) el que resulte de multiplicar por cinco la media de los resultados de los tres últimos ejercicios cerrados con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio fiscal al que corresponda el Impuesto sobre el Patrimonio. Nótese que si el primer o tercer valor son superiores al segundo, convendría plantearse la conveniencia de realizar una auditoría de cuentas voluntaria.
Respecto al concepto “último balance aprobado”, es interesante tener en cuenta el reciente cambio de criterio de la Dirección General de Tributos a raíz de dos sentencias del Tribunal Supremo de 12 y 14 de febrero de 2013. Así, en aras a favorecer el mejor acercamiento a la realidad económica de la base imponible del tributo, el balance a considerar debe ser el último aprobado antes de la terminación del plazo legal para la presentación de la autoliquidación por el Impuesto. Es decir, para la autoliquidación correspondiente a 2016 se debería tener en cuenta el balance correspondiente a 31 de diciembre de 2016, si se ha aprobado antes de la terminación del referido plazo, o el de 2015, si no se ha aprobado en dicho plazo el de 2016.
De este modo, en caso de que la entidad participada haya obtenido pérdidas en el ejercicio 2016, resultaría conveniente aprobar el balance del 2016 con anterioridad a la finalización del plazo para la presentación del Impuesto sobre el Patrimonio.

Conclusión

A modo de conclusión, recomendamos que, habiéndose iniciado ya el período de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2016, es buen momento para analizar el cumplimiento de las cuestiones comentadas y de los demás requisitos exigidos por la normativa para la aplicación de la deducción fiscal por la participación en empresas familiares, y, en su caso, planificar adecuadamente el impacto en los ejercicios venideros.

Iker Mariana Lara
BSK Legal & Fiscal